Ejecución de Sentencias Extranjeras en Canadá

Sentencias Extranjeras

Ejecución de Sentencias Extranjeras en Canadá

Por Guillermo Cruz Rico*

Canadá es la décima economía más desarrollada y es actor principal en escenario comercial global; una de las razones de su éxito es la celebración de tratados con naciones extranjeras que le dan acceso a los mercados mas importantes a nivel mundial[1] donde prevalecen las transacciones transfronterizas. Por ello los juzgados y tribunales de Canadá son más receptivos a las leyes y decisiones de otras jurisdicciones; sin embargo, los acreedores o beneficiarios de una decisión legal extranjera todavía enfrentan desafíos prácticos y legales para lograr su ejecución en este Canadá. Para la ejecución de sentencias extranjeras en Canadá es indispensable considerar aspectos de jurisdicción, de foro adecuado y los requisitos mínimos para que una sentencia o laudo sean reconocidos, y por ende eficaces en Canadá.

Canadá es una república federal integrada por diez provincias autónomas y tres territorios federales en la que existe un sistema jurídico dual, es decir, un fuero común o provincial y un fuero federal. En materia de la ejecución de sentencias, todas las provincias y territorios, a excepción de la provincia de Quebec son consideradas como jurisdicciones recíprocas; por ejemplo, la provincia de Ontario cuenta con un marco legal que regula la ejecución de sentencias extra-provinciales: Reciprocal Enforcement of Judgements Act[2];  además de que existe criterio definido por la Corte Superior de la provincia en el sentido de que una decisión emitida por una autoridad de otra provincia o territorio puede se ejecutada mediante una solicitud sin necesidad de iniciar una nueva acción[3]. Sin embargo, como Quebec no es una jurisdicción recíproca, un acreedor con una sentencia emitida por autoridad de esa provincia debe seguir el mismo proceso que si hiciera para la ejecución de sentencias extranjeras en Canadá en Ontario.

Ejecución de Sentencias Extranjeras

Debido a que Canadá es parte de una economía global en la que las empresas, capitales y personas intercambian bienes y servicios más allá de las fronteras políticas y territoriales, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de este país determinó la posibilidad de la ejecución de sentencias extranjeras en Canadá al emitir la decisión en Chevron Corp v Yaiguaje[4]. La Suprema Corte adoptó dicho criterio en base a que el reconocimiento de sentencias extranjeras y su ejecución exitosa puede ser el único medio por el cual un acreedor extranjero puede satisfacer su pretensión en este país[5].

Para lograr el resultado adecuado en la ejecución de sentencias extranjeras en Canadá es indispensable considerar los siguientes rubros:

Elección del Foro Apropiado

El primer paso para la ejecución de sentencias extranjeras en Canadá es la elección del foro adecuado para iniciar la acción correspondiente. Por ejemplo, dependiendo el monto de la suerte principal de la acción, en la provincia de Ontario existen tres posibles foros o niveles para la ejecución de sentencias extranjeras ante sus órganos jurisdiccionales. En asuntos cuya cuantía sea menor a $35,000 dólares canadienses la acción debe ser iniciada ante un Juzgado de Cuantía Menor; si la cuantía es hasta $200,000 dólares canadienses la acción la acción debe ser iniciada en base a las reglas del procedimiento simplificado[6]; Si la suerte principal es mayor de $200,000 dólares canadienses la acción será en base a las reglas del procedimiento normal; en los últimos dos supuestos, la acción para la ejecución de una sentencia extranjera debe ser iniciada ante un Juzgado Superior de Justicia de Ontario.

En la acción para la ejecución de sentencias extranjera es indispensable satisfacer el debido proceso, motivo por le cual el deudor debe ser emplazado y tiene la oportunidad de ser oído y en su caso, presentar excepciones y defensas; además de que todas las etapas procesales deben ser observadas como si se tratará de un litigio normal. Sin embargo, si la acción no es defendida por el deudor, el acreedor puede proceder con una sentencia en rebeldía. El proceso para una sentencia en rebeldía dependerá del foro donde se haya iniciado la acción.

Reconocimiento

Para la ejecución de sentencias extranjeras es necesario que previamente sea reconocida por un juzgado o tribunal canadiense Canadá. En términos generales, es indispensable que se satisfagan los siguientes supuestos:

  1. Que la resolución sea por una deuda o una cantidad de dinero determinada.
  2. Que sea cosa juzgada, es decir que la sentencia es firme y que no exista algún medio de defensa ordinario o extraordinario, por ejemplo, apelación pendiente.
  3. Que haya sido dictada por autoridad u órgano con jurisdicción competente.

El actor o acreedor extranjero tiene la obligación de acreditar lo antes señalado, es decir la carga de la prueba de que la sentencia extranjera es producto del debido proceso recae sobre él. Para que la acción sea procedente se debe demostrar que el demandado tuvo la oportunidad de ser oído y vencido y que el procedimiento fue ante el foro adecuado con jurisdicción competente.

Se considera que una autoridad u órgano extranjero tiene jurisdicción si existe una conexión real y sustancial entre la jurisdicción extranjera y motivo de la acción o el deudor. Por ejemplo, poseer una propiedad en la jurisdicción extranjera que es objeto de la acción es una conexión real y sustancial con esa jurisdicción.

 

Defensas contra la Ejecución de Sentencias Extranjeras

En 2003 al resolver el caso Beals v Saldhana[7] la Suprema Corte de Justicia de Canadá reconoció la posibilidad de que el deudor pueda hacer valer una o varias defensas ante la ejecución de sentencias extranjeras en este país. En términos generales, son tres las defensas que se pueden hacer valer:

  1. La sentencia se obtuvo de manera fraudulenta;
  2. Al deudor judicial se le negó la justicia natural; o
  3. La sentencia es contraria al orden público canadiense.

La carga de la prueba de que la sentencia extranjera es producto de fraude, inobservancia del debido proceso o que atenta contra el orden público de este país, recae en el deudor.

Para que sea procedente de la ejecución de sentencias extranjeras en Canadá es indispensable que se inicie una acción ante el foro adecuado, sea reconocida por un órgano jurisdiccional canadiense y no haya sido objeto de alguna de las tres defensas definidas por la Suprema Corte de Justicia de Canadá. Dicho en otras palabras, una vez satisfechos los requisitos antes mencionados, la ejecución de sentencias extranjeras en Canadá correrá la misma suerte como si se tratara de sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional canadiense y el acreedor tendrá a su disposición los mismos mecanismos de ejecución como el embargo, el aseguramiento de activos, etc.

Conclusión

La ejecución de sentencias extranjeras en Canadá se encuentra reconocida y regulada en este país. El marco jurídico interno contempla recursos ordinarios que permiten a acreedores internacionales hacer efectivas sentencias de autoridades u órganos extranjeros. No obstante lo anterior, la ejecución de sentencias extranjeras representa desafíos legales y prácticos que deben ser debidamente atendidos para determinar su viabilidad y costos asociados. Por tal motivo, es recomendable establecer si los requisitos antes mencionados se encuentran satisfechos y por ende, aumentar las posibilidades de éxito en la ejecución de sentencias extranjeras en Canadá.

* Guillermo Cruz Rico es abogado mexicano y canadiense, asesor legal y emprendedor. Se encuentra autorizado para practicar derecho en Canadá y México ante los juzgados, cortes y tribunales de la Provincia de Ontario y a nivel federal en ambos países.

Su experiencia profesional incluye el servicio público, el ejercicio libre de la profesión y la docencia. Ha fungido como abogado litigante defendiendo clientes ante juzgados y tribunales federales y locales en México, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Entre 2006 y 2012 se  desempeñó como asesor de Greenspan Partners, una de las firmas especializadas en derecho penal más prestigiadas en Canadá; en 2007 fundó Cruz Herrera Ltd. primera firma de consultoría especializada en derecho mexicano en Toronto,  en 2012 fue elegido para brindar asesoría a la oficina del Procurador General de Canadá en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al sistema jurídico mexicano y desde junio de 2014 es director general de MC Law Office | Abogados primer despacho en Toronto dedicado en brindar servicios legales de acuerdo a las leyes de México y Canadá en español e inglés.

Es licenciado en derecho  y Maestro en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Derecho por York University, Osgoode Hall, School of Law, Especialista en Seguridad por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y cuenta con diplomados en Solución Alternativa de Conftroversias  por la Universidad de Windsor además de contar con Certificado de Acreditación por National Committee on Accreditation, Federation of Law Societies y contar con la designación de Foreign Legal Consultant para México otorgada por Law Society of Ontario.

Ha sido expositor y conferencista en Canadá y en México; ha escrito diversos artículos de opinión sobre algunos de los temas más relevantes en la relación binacional, además de ser entrevistado y fungir como comentarista invitado para algunos de los medios de comunicación electrónicos e impresos más importantes de ambos países.

Desde hace 2010 es Presidente de México-Canada Alliance of Commerce y se ha desempeñado como Presidente del Consejo de Dirección de Hispanic Ontario Lawyer Association (ahora Canadian Hispanic Bar Association), Toronto Hispanic Chamber of Commerce, además de ser mentor y coach en diferentes organizaciones profesionales en Ontario, Canadá.

Desde 2005 vive en Toronto, Canadá donde ha formado una familia binacional, bilingüe y bicultural.


[1] Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América, T-MEC, Alianza Trans-Pacífico, son ejemplo de ello.

[2] Reciprocal Enforcement of Judgements Act, RSO 1990 c R.5

[3] Noël et Associés, S.E.N.C.R.L. v Sincennes, 2012 ONSC 3770 at paras 11-22.

[4] Corp. v. Yaiguaje, 2015 SCC 42, [2015] 3 S.C.R.

[5] Ibid paras 1-3.

[6] Regla 76

[7] Beals v Saldana, 2003 SCC 72 at para 79.